"PIURA QUIERE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS PREMIER JORGE DEL CASTILLO" GOBIERNO NECESITA DEL APOYO DE LOS PIURANOS DE BUEN CORAZON AGRUPADOS EN EL FRENTE CIVICO DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE PIURA.

La minería es una de las actividades productivas de mayor dinamismo a nivel mundial. Los precios de los minerales tocan el techo de las cotizaciones. Ganan las mineras, los estados aumentan sus recaudaciones tributarias y hay mayores redistribuciones de beneficios través del canon y derechos de vigencia. Sin embargo, persisten los conflictos y la desconfianza de las comunidades afectadas por la minería. Los comuneros no distinguen, por ejemplo, los derechos por el subsuelo inherente del Estado y los de la superficie que corresponden a las comunidades. Lo que no sucede en el derecho sajón en donde el dueño del suelo es propietario de los yacimientos mineros.

Los conflictos tienen un elevado costo económico para los gobiernos, los inversionistas y para los beneficiarios. Muchos recursos que pudieran aplicarse a atender las urgentes necesidades de poblaciones pobres se utilizan perversamente. Algo así como arrojar gasolina de 95 octanos a la hoguera de la controversia social.

¿DR JORGE DEL CASTILLO COMO HAY QUE DIALOGAR?

Una alianza amable para el desarrollo de un proyecto minero que busca la licencia social de las poblaciones afectadas tiene que mover la credibilidad del Estado, la inversión y la población organizada. Un diálogo horizontal abierto en donde fluya la información sobre beneficios y riesgos entre las partes de tal manera que se cimiente la confianza, la paz y la estabilidad, necesaria para una correcta y oportuna decisión. Los actores involucrados en el diálogo tienen que entender que sin información no hay decisión.

Los beneficios económicos, por eso, tienen que expresarse en términos reales y en impactos visibles en la reactivación económica y el apalancamiento de la agricultura. Sin la mejora de las condiciones de vida los cambios que las comunidades anhelan no son posibles. Existe un gran temor frente a un Estado débil y disminuido ante las empresas mineras. La frondosa legislación vigente es perforada por el peso de los lubricados lobbys que buscan indulgencias tributarias y legales extendiendo la corrupción en los diversos niveles de decisión. Las instituciones del Estado que administran recursos como el petróleo, gas, madera y minerales no inspiran confianza y disfrutan de un desprestigio que aviva los conflictos.

¿EXISTEN ALTERNATIVAS VIABLES PARA LOS POBLADORES?

Frente a la incertidumbre de los comuneros ayabaquinos y huancabambinos una posibilidad de garantía para otorgar la licencia social está en el acudir a la Corporación Financiera Internacional (CFI) organismo del Banco Mundial fundado en 1956 como mecanismo de asesoría y consulta para una decisión responsable. La misión de la CFI es la de promover la inversión privada y pública en los países en desarrollo. Es también organismo consultor y asesor en estrategias para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas en forma ecológica y socialmente responsable.

Económicamente toda actividad productiva provoca: externalidades que son los beneficios o perjuicios que no tienen una valoración crematística pero que podrían tenerla. Externalidades positivas pueden ser, por ejemplo, la mejora de las condiciones de vida a través de la educación y buenos servicios básicos de salud. Externalidades negativas son la contaminación ambiental (la destrucción del paisaje, el aumento del ruido, el agotamiento de las fuentes de agua). Los efectos de la polución (inserción de residuos en el medio ambiente) que son temas ineludibles. Los beneficios tienen que expandirse a todos sin exclusión y los perjuicios atenuarse con la tecnología adecuada para que sus impactos no sean devastadores.

"EL PUEBLO TIENE LA PALABRA "